El día inicio con la noticia de suspensión de las obras de construcción de un alcantarillado en un barrio de invasión. El proyecto había sido contratado por la Administración Municipal y era un proyecto que había gestionado la Junta de Acción Comunal del barrio.
El proyecto fue suspendido por una orden judicial porque no estaba garantizada la protección de la vida de los habitantes del barrio por encontrarse en una zona de alto riesgo de derrumbes.
La empresa de ingeniería contratada había avanzado un veinte por ciento de la obra y el Comité de Conciliación de la Secretaria de Infraestructura del municipio cito a los contratistas para conciliación.
Ese día el Comité ya había estudiado la situación y la forma de continuar con el contrato diseñando una propuesta para solucionar el problema.
La propuesta presentada por la Secretaria fue la de liquidar el contrato de la construcción del alcantarillado y destinar el presupuesto asignado al contrato a unos estudios de ingeniería que se requerian para construir unos parques en otros barrios y que podrían ser contratados con esa misma empresa de ingeniería.
Aunque la propuesta generaba algunos inconvenientes a la empresa de ingeniería, la empresa determino que era una buena solución al problema y evitaría iniciar procesos judiciales que generarían mayores gastos y perdida tiempo que afectarían a las dos partes.
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